El Gobierno pretende pagar una deuda flotante –sin respaldo presupuestario– de Q3 mil 393 millones 425 mil 956.22, adquirida por los funcionarios que dirigieron el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante las administraciones de Óscar Berger y Álvaro Colom. ¿Quiénes se benefician con esta iniciativa y quienes pierden?
EL PROYECTO DEL EJECUTIVO ESTÁ EN IMPASSE
Q2 mil 617 millones son acaparados por entidades que facturan arriba de Q5 millones
EN EL LISTADO OFICIAL NO CONSTA EL DETALLE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS
De acuerdo con el “Informe sobre los compromisos de Obra Ejecutada No Pagada hasta el 2011”, (en el que no consta el detalle de las obras y su ubicación) el Gobierno se endeudó con empresas constructoras a causa del déficit presupuestario en el CIV, la necesidad de atender desastres naturales y emergencias menores, y los malos manejos y utilización clientelar del presupuesto.
Sobre este último argumento, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti han reconocido que hay ilegalidades en torno a la deuda flotante, pero de igual manera insisten en que se debe pagar.
Para esto pretenden la emisión de bonos del tesoro por Q3,500 millones, que según Pérez Molina, servirán en parte para pagar la deuda flotante, aunque con la oposición de los partidos políticos, empresarios organizados y expertos, que consideran “ilegal” el endeudamiento.
LOS BENEFICIADOS
Si se cumplen los planes del Ejecutivo, los principales beneficiados del pago de la deuda flotante serán las empresas que habrían ejecutado las obras de infraestructura al ser solicitadas por los funcionarios del CIV de los gobiernos anteriores.
Pese a que los Q3 mil 393 millones 425 mil 956.22 se adeudan a cientos de empresas constructoras, el 77 por ciento de los recursos –Q2 mil 617 millones 198 mil 812.23– se concentra solo en 93 empresas, que facturarían montos por encima de los Q5 millones.
A la cabeza se encuentran la empresa Solel Boneh, con Q350,031,752.89; SIGMA Constructores, con Q230,424,787.38; COINDRA, con Q162,928,422.15 y Constructora CODICO Sociedad Anónima, con Q92,075,851.72.
Les siguen FCC Construcción, S.A., que recibiría Q85,057,232.53; Constructora Jireh, con Q80,075,301.19; CONASA, con Q78,651,193.71; OVERSEAS, con Q75,780,563.03;
CONYMA Construcción y Materiales, con Q73,940,116.51, y HW CONSTRACTORS?LANELLO, con Q54,376,769.68.
En el resto del grupo de las empresas más beneficiadas se encuentran 83 firmas que cobrarían montos entre los 5 millones y 48 millones 921 mil 302.56; posteriormente, el resto de compañías realizaron obras menores, que en suma contabilizan Q776,227,143.99.
Por la deuda flotante, en la que expertos y funcionarios ven ilegalidades, no hay causas penales en curso, por lo que los funcionarios que habrían adquirido esos compromisos durante los gobiernos de Óscar Berger y Álvaro Colom, hasta ahora, se han beneficiado de no ser sujetos de persecución penal.
La ilegalidad es uno de los temas más polémicos, por los que se oponen los expertos al traslado de los recursos a las empresas constructoras.
Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, señala que el pago de la deuda flotante es ilegal porque fueron obras contratadas sin respaldo presupuestario, pero sobre todo porque muchas no se ejecutaron o se realizaron con mala calidad.
Marroquín señala que es de suma preocupación que a pesar de que es ilegal, el Gobierno tenga interés en “honrar” una deuda que realmente no tiene méritos para ser pagada. No hay argumentos racionales para pagarla, dice.
Además dice que el pagar esta deuda representaría un despilfarro de dinero, ya que el país está en crisis en otros frentes como desnutrición, salud, educación y por eso critica que se “prefiera” regalar ese dinero prácticamente a contratistas que no se sabe qué calidad de obra realizaron.
El representante de Acción Ciudadana indica que esta situación denota que no existe un compromiso con las necesidades del pueblo, sino los intereses de un pequeño grupo de empresarios.
La Cámara Guatemalteca de la Construcción, que insiste en el pago de la deuda flotante, no se pronunció al cierre de esta edición ante la solicitud de una reacción de La Hora.
LOS PERDEDORES
Las presidentes de las cámaras del Agro, Comercio e Industria –del sector privado organizado– aseguran que el país entero perderá si el Gobierno se endeuda más para pagar la deuda flotante. Según los empresarios, la estrategia del Gobierno generará más inflación, incrementando los precios de los productos para la población guatemalteca y agravará la situación económica de la población con menores ingresos.
Además, destacan que obligaría al Gobierno a destinar más ingresos de los impuestos a pagos de intereses y abono a capital de los préstamos y bonos, pondría en riesgo la calificación de país como destino de atracción de inversiones, obstaculizaría las capacidades de generación de empleo e incrementaría el déficit fiscal debido a que, adicionalmente, la recaudación de impuestos está por debajo de las proyecciones del presupuesto.
A criterio de Andrés Castillo, ex presidente de la Cámara de la Industria, las deudas deben ser pagadas por ingresos corrientes mediante mecanismos que combatan la corrupción, prioricen el gasto público, transparenten el uso de los recursos monetarios, combatan el contrabando y evasión de impuestos en las aduanas.
Pero, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), profundizó en el tema y analizó que además del impacto del endeudamiento con la emisión de bonos del tesoro, hay que considerar aspectos legales sobre la deuda flotante.
De acuerdo con el Icefi, la deuda flotante está constituida por contratos suscritos sin respaldo presupuestario, lo cual está prohibido por la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado.
Los expertos explicaron que el literal c del artículo 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto indica que estos contratos no constituyen deuda pública, por lo que en rigor jurídico, el Estado (incluyendo a los contribuyentes), no están obligados a pagarlos con impuestos presentes o futuros.
Además de ilegal, esta es una práctica fiscalmente opaca que falsea la contabilidad estatal y expone la inversión pública a prácticas corruptas, según Icefi.
Por eso, el Instituto sugiere que se le transfieran recursos a la Contraloría General de Cuentas para realizar una auditoría, por medio de la cual debe “verificar el proceso administrativo y aplicar sanciones pecuniarias o presentar denuncias penales, según la ley y cuando corresponda”.
LAS DUDAS
De momento, el Ejecutivo propone que de la emisión y negociación de los bonos del tesoro, se destinen Q2000 millones para el pago de la deuda flotante y Q1500 millones para inversión en infraestructura rural, según declaraciones de Pérez Molina.
Sin embargo, fuentes de la Junta Monetaria aseguran que el documento que les presentó el Ejecutivo en una sesión reciente señalaba que los bonos por Q3500 millones serían destinados a “inversión” y no mencionaba el pago de deuda.
En base a ese documento, la mayoría en la Junta Monetaria opinó favorablemente a la emisión de bonos.
Por su parte, el Presidente dijo que el pasado 19 de julio enviaría formalmente la propuesta para la emisión de bonos al Congreso, pero entonces no cumplió con ese ofrecimiento; no obstante, se sabe que distintas bancadas de oposición han tenido acceso al borrador de la iniciativa del Ejecutivo.
