Preocupa a la SIP la prensa en Venezuela


La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa inquietud por reciente medidas de presión económica de parte del gobierno de Venezuela contra periodistas y medios informativos.

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo temer que las recientes medidas económicas adoptadas contra periodistas y medios de información en Venezuela, formen parte de una campaña de hostigamiento del gobierno contra la prensa independiente.

En una declaración difundida este martes en Miami, Florida, la SIP pidió a las autoridades venezolanas “mayor transparencia” después de que las cuentas de banco del director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, fueran congeladas por instrucción de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.

El propio Otero denunció haberse enterado por Twitter de la medida y dijo que se trata de una campaña para “silenciar, amedrentar y desprestigiar” en virtud de la cual las autoridades del gobierno compran medios de prensa, los amenazan, los cierran y “abren procedimientos a los periodistas” y también contra los “editores”.

La SIP también destaca que el 24 de julio “el Ministerio Público ordenó el cierre de las cuentas bancarias de Leocenis García, presidente del Grupo 6to Poder, integrado por el semanario 6to Poder, 6to Poder Radio, diario El Comercio, 6topoderweb, 6to Poder Datos y la revista U-Sex”, bajo una acusación por lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento de terrorismo.

Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, alertó sobre “este tipo de acciones que se insertan en una campaña gubernamental de no cerrar medios en forma directa por el costo político que ello engendra, sino que los ahoga económicamente, obteniendo el mismo resultado”.

La SIP había advertido previamente que el Grupo 6to. Poder, reconocido por su línea editorial crítica del gobierno, venía siendo objeto de acoso gubernamental.

El comunicado recuerda que “el 21 de mayo, Conatel, organismo encargado de aplicar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, forzó a distintas compañías prestadoras de servicio de cable a sacar del aire la señal de Atel TV que venía negociando con el Grupo 6to Poder la compra de acciones del canal”.

 

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