Este miércoles en la noche fue ejecutado el mexicano Edgar Tamayo, de 46 años, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano y de otros organismos internacionales de detener la aplicación de la pena capital.
El reo mexicano recibió la inyección letal en un centro penitenciario de Huntsville a las 9:32 p.m (Tiempo del Centro), de acuerdo con Jason Clark, vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Tamayo no dio declaración antes de morir.
Esta ejecución se llevó a cabo en medio de una gran polémica que provocó el caso y el desacuerdo entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Tamayo fue acusado por el asesinato de un policía en Houston hace 24 años. El prisionero, cuya familia vive en México, supuestamente fue víctima de múltiples violaciones durante todo el proceso criminal, según Sanda Babcok, la abogada quien lo representaba.
Pese a las protestas, cartas de clemencia, gestión de las autoridades consulares mexicanas en Estados Unidos, Tamayo recibió la inyección letal como lo había confirmado la oficina del gobernador de Texas, Rick Perry.
«En el 2004, en una decisión de los Acuerdos de Viena y la Corte Internacional de Justicia (ICJ) se determinó que Estados Unidos estaba obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos, incluyendo a la de Edgar Tamayo, quien fue sentenciado a muerte sin que se le fuera notificado que tenía derechos a recibir asistencia y protección de las autoridades consulares mexicanas como estable el artículo 36 de la Convención de Viena».
«En coordinación con los abogados del Sr. Tamayo, el ministro de Relaciones Exteriores ha hecho uso de todos los poderes políticos, legales y administrativos para prevenir la ejecución», explicaron las autoridades mexicanas.
Cientos de cartas habían sido enviadas a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
Amnistía Internacional también envió un paquete de 17 mil 500 cartas, provenientes de 52 países, en las que se pide detener la ejecución.
Desde 1976 hasta la fecha se han ejecutado 28 reos de nacionalidad mexicana en los 32 estados donde está permitida la pena capital, de acuerdo con el Centro de Información para la Pena de Muerte con base en Washington D.C, organización que se opone a la misma.
