Vale tres millones de dólares y es una residencia de ensueño. Tiene diez salones, cuatro recámaras, seis baños, una alberca que colinda con un campo de golf y una fuente que recibe a los invitados. Toda la propiedad mide 15,200 pies cuadrados y está en la exclusiva comunidad de Coto de Caza.
Ahí, en el Beverly Hills del condado de Orange, ha vivido Joe Albert, dueño de la compañía de grúas que por varios años remolcó los coches que la Policía decomisaba a los indocumentados en la ciudad de El Monte, al este de Los Ángeles.
El empresario se mudó en 2005 a Coto de Caza, famoso por la muralla de piedra que impide el acceso a extraños, por ser hogar de estrellas del deporte en retiro y escenario de la serie televisiva The Real Housewifes of Orange County.
En aquella época, su negocio, Albert’s Towing, ganaba alrededor de un millón de dólares al año, gracias a un contrato que mantuvo desde 1971 con el Ayuntamiento de El Monte para remolcar y almacenar los autos que la Policía incautaba en paradas de tránsito, retenes, accidentes y crímenes.
Ahora, resabio de aquellos años, la empresa cerró sus puertas y pende contra Albert una orden de arresto por no comparecer en una corte. Lo demandaron por supuestos remolques ilegales.
Documentos revisados por la Liga Nacional de Abogados (NLG) y La Opinión muestran que en una época la compañía de Albert tuvo suficiente solvencia económica para pagarle un cheque de medio millón de dólares, una hipoteca mensual de $10 mil y un lujoso Mercedes-Benz.
En la ciudad donde operaron tantos años sus grúas, en contraste, tres de cada diez habitantes son pobres. El 69% de los 113,000 residentes de El Monte son latinos.
Eran tiempos difíciles para los indocumentados, cuando agresivos retenes policiales los castigaban con la incautación de sus autos por no tener licencia de manejo. Sin otra alternativa, pagaban hasta $2,000 para recuperarlos. De lo contrario, los autos se remataban.
Como hace 10 años, hoy El Monte es un importante centro laboral y ruta de paso para miles de indocumentados en el Valle de San Gabriel.
La camioneta de Linda Martínez, una inmigrante que habita una humilde casa en El Monte, fue a parar dos veces al depósito de Albert por no tener licencia. «Me afectó demasiado, era mi medio de transporte», cuenta quien perdió su empleo limpiando casas por no tener $500 para recuperar el coche.
Finalmente, en 2002, cuando remolcaba los 350 coches que cada mes confiscaba la Policía de El Monte el Cabildo dio fin a la exclusividad e incluyó a otra empresa de grúas, Freddie Mac’s Towing, en el contrato.
Sin embargo, eso no le restó trabajo. Sólo en la temporada navideña de 2009, la Policía confiscó 680 vehículos a inmigrantes sin papeles y las grúas de Albert remolcaron gran parte de éstos. Eran los tiempos de los operativos contra «choferes ebrios» en días laborales, en los que caían principalmente indocumentados. Lo mismo pasó en otras ciudades de la región.
COFRES MUNICIPALES
Entre 2007 y 2011, más de 11 mil coches terminaron en el corralón de Albert’s Towing.
Los autos de los inmigrantes generaron recursos también para el gobierno local. En los últimos siete años, la Ciudad de El Monte recibió más de $870,000 de la empresa.
La investigación de la Liga Nacional de Abogados (NLG) y La Opinión halló que Albert’s Towing fue respaldada por políticos y policías, jamás fue auditada y recién en 2007 (36 años después de firmar su primer acuerdo) la Alcaldía le exigió que comparta una cuota de apenas $50 por coche decomisado.
En otros lugares los contratistas pagan más: Montebello exige una tarifa de $180 por unidad cuando se decomisan más de 150 coches. Azusa cobra el 17% del ingreso total; Irwindale el 20% y Covina el 30%. La Verne pide $10 por cada día que un coche pasa en el corralón.
«La compañía [Albert’s Towing] estaba muy cómoda», comentó André Quintero, alcalde de El Monte, a La Opinión.
La buena suerte de la empresa dio un giro en marzo pasado, cuando activistas denunciaron que la empresa incurría en decomisos ilegales en una plaza comercial y la Policía inició una investigación.
Al término de la misma, la Policía determinó que la compañía violó la ley al exigir pagos en efectivo, al no permitir que los dueños de los coches pudieran recuperarlos antes que los transportaran al corralón y al cerrar temprano para poder así cobrar más. Le revocaron el contrato y Albert se fue de la ciudad.
«No queríamos una empresa que trabajara así», dijo el gerente de la Ciudad, Raúl Godínez, a este diario.
La empresa se fue sin pagar $120,000 al Ayuntamiento.
Este diario intentó en varias ocasiones y por distintos medios contactar a Albert, pero al cierre de esta edición él no había respondido.
El contrato de Joe Albert vence el 4 de abril de 2015.
Un par de candidatos desean quedarse con este negocio.
