Guatemala, 25 jun (EFE).- El «autogolpe» de Estado protagonizado hace 20 años por el expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, cuando suprimió los poderes Legislativo y Judicial, y suspendió varios artículos de la Constitución, quedará en la impunidad de mantenerse firme un fallo judicial emitido hoy.
De manera sorpresiva, los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala, en una votación divida, dos a uno, anularon este martes las órdenes de captura internacional y de extradición emitidas en junio de 1993 en contra de Serrano Elías, asilado desde entonces en Panamá.
Desde que el exjefe de Estado fue derrocado del poder, siete días después de haber pretendido dar el «autogolpe», y tras su huida a Panamá, la Justicia guatemalteca ha intentado, sin éxito, extraditarlo para que responda por al menos trece delitos civiles y penales que habría cometido en su fallido intento.
Durante los veinte años transcurridos desde entonces, el proceso había permanecido abierto y vigente, pero sin movimiento, hasta que los abogados de Serrano Elías en los últimos meses lo reactivaron con el objetivo de dejarlo sin efecto.
El magistrado Sergio Lima Morales, presidente de la Sala Tercera de Apelaciones, dijo a los periodistas que el proceso judicial fue retrotraído a como se encontraba en junio de 1993, debido a que «se violó el debido proceso», fallo con el cual los defensores dan el primer paso para alcanzar su objetivo.
Según Morales, la orden internacional de captura en contra del expresidente, así como la petición de extradición de Panamá son ilegales y no tienen fundamento jurídico, debido a que cuando las mismas fueran aprobadas a petición de la Fiscalía, Serrano gozaba de inmunidad por su calidad de Jefe de Estado y esta no le fue retirada por el Parlamento.
En una declaración emitida desde Panamá en donde ha destacado como exitoso empresario, Serrano celebró la decisión de la Sala, manifestó su felicidad y dio gracias a Dios porque «la justicia tardó veinte años, pero llegó».
«El fallo de hoy (…) deja una ventana de esperanza que las cosas en Guatemala, sí pueden cambiar», señaló el exmandatario al manifestarse «reivindicado» por la inocencia que siempre reclamó y la supuesta persecución política de que se dijo víctima.
Serrano aseguro que las acusaciones de corrupción en su contra se basaron «en información y documentos falsos», y que «la red de calumnias» afectó negativamente todos los aspectos de su vida, la de su familia, y la de millares de guatemaltecos «que creyeron en mí».
En Guatemala, en cambio, excepto su abogado Hiram Sosa, que celebró el fallo de la Sala como un acto de «justicia» al exgobernante, una lluvia de críticas y denuncias se dejaron caer sobre la polémica decisión judicial.
El presidente Otto Pérez Molina, dijo a los periodistas que sería «triste» para el país que este caso quedará en la impunidad, y exhortó a los «entes encargados de aplicar la Justicia» a que le «den seguimiento» al proceso.
«Sería muy triste para los guatemaltecos que quedara en la impunidad algo que todos sabemos que sucedió en nuestro país», indicó el mandatario.
Por su parte, los abogados constitucionalistas Alejandro Balsells y Carlos Reynoso Gil, en declaraciones a medios locales, calificaron de «absurda» e «ilegal» la resolución de la Sala de Apelaciones, por medio de la cual se pretende dejar en la impunidad el «autogolpe» de Serrano.
Las razones expuestas por los magistrados son «un absurdo completo», indicó Balsells, porque Serrano Elías perdió su derecho de inmunidad al momento de abandonar el cargo, y porque el Congreso ya había elegido a Ramiro de León Carpio como su sucesor.
«Lo que hay aquí es un abuso judicial. Parece increíble que pueda suceder en el país y demuestra que nuestro sistema de Justicia no es serio», señaló Balsells.
Reynoso Gil indicó que los supuestos delitos que se le atribuyen a Serrano Elías fueron cometidos «de forma flagrante» y por lo que los mismos «no son susceptibles de antejuicio».
La Fiscalía, agregó, debe impugnar el fallo de la Sala, por ilegal, y con ello evitar que el mismo surta los efectos judiciales que favorezcan la impunidad del exgobernante.
La resolución de la Sala Tercera de Apelaciones también favorece al abogado Francisco Perdomo, exministro del Interior del Gobierno de Serrano, y quien también se encuentra exiliado en Panamá.
El 25 de mayo de 1993, Serrano Elías emitió un decreto por medio del cual suprimió los poderes Judicial y Legislativo, para «depurar» el Estado de supuestos grupos de políticos que lo «extorsionaban» a cambio de dejarlo gobernar.
