Esta semana se plantean dos situaciones interesantes en todos los medios de comunicación de Guatemala. La primera es una campaña de señalamientos contra los dirigentes de la Fundación contra el Terrorismo, acusándolos de terroristas. Esta paradoja se da a la luz de las recientes publicaciones de la mencionada fundación, en las cuales se hace publica la vinculación de periodistas, escritores, funcionarios públicos, y otras personas con estructuras pertenecientes a la izquierda comunista que participaron en el conflicto armado que finalizo en 1996 pero que ahora se reactiva por los medios escritos. Anteriormente solo las organizaciones de derechos humanos, constituidas en organizaciones no gubernamentales (ONG) para no pagar impuestos y recibir donaciones tanto de Europa como del propio presupuesto nacional de Guatemala, eran las únicas que se pronunciaban constantemente contra el tema señalando al Ejercito Nacional de todos los males y defectos que se les podía ocurrir. Ahora que la situación ha cambiado y que las familias de los militares afectados por asesinatos, secuestros y demás abusos cometidos desde la clandestinidad por los grupos subversivos, también han organizado un grupo para denunciar a los integrantes de esos grupos clandestinos ahora ocultos en organizaciones de todo tipo, la reacción no se ha hecho esperar. Se han publicado a lo largo de la semana en cada diario local las correspondientes refutaciones, contra refutaciones y acusaciones de terrorismo contra los afectados que fueron victimas del terrorismo marxista. Algo sumamente paradójico diríamos.
El segundo tema es la intención de financiar el déficit fiscal producido por un presupuesto público desfinanciado, el cual se considera inadecuado porque fue hecho con criterios de aumentar el gasto publico, especialmente programas de ayuda que no generan ni inversión ni crecimiento económico. Dentro de este presupuesto a financiarse con bonos para cubrir la baja en las recaudaciones de impuestos, también se consideran erogaciones millonarias para «resarcir» a victimas del conflicto armado interno, como es el caso del conviviente de una diputada que ahora solicita su parte por haber sufrido tanto debido a la presunta muerte del esposo de su hoy pareja. Cosas increíbles nos demuestran que es necesario e impostergable la reducción del presupuesto de gastos de la nación y reformularlo con criterios de austeridad y administración adecuada de la deuda publica. Esta ultima ha crecido a niveles preocupantes en los últimos años, y lo que es peor es que una buena parte de la deuda publica interna ni siquiera tiene un registro adecuado en las cuentas del gobierno, porque fue incurrida de emergencia para reparar carreteras y puentes destruidos a causa de desastres naturales, y el gobierno simplemente no ha pagado esos compromisos. Al respecto esta semana se pronuncian las asociaciones empresariales manifestando su desacuerdo en la ampliación de la deuda publica con bonos del estado para financiar gasto ordinario en su mayoría. Ignoramos que sucederá con el pago de la deuda publica flotante a contratistas de la construcción, los cuales se encuentran en serios apuros económicos por falta de cumplimiento en los pagos. Muchas obras se han suspendido por falta de recursos, mientras que los activistas de derechos humanos ahora acusan de terrorismo a los directores de la fundación contra el terrorismo (?) mientras continúan pidiendo resarcimientos.
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