Como beneficiaria de un programa de planificación familiar para mujeres de escasos recursos del colombiano departamento de Arauca, Paula Cubillos recibió con asombro la confirmación de su segundo embarazo.
Pero cuando quiso encontrar una explicación para su inesperada gravidez, esta colombiana de 32 años terminó encontrándose con una sorpresa todavía más grande: algo similar también le había ocurrido a casi un centenar de mujeres que, como ella, estaban recibiendo anticonceptivos gratis.
«Yo me vine a enterar en agosto de 2008. Y lo primero que hice fue ir hasta el centro de salud a preguntarle a la jefe de enfermería que me atendía qué había pasado conmigo que había quedado embarazada», comentó Cubillos a BBC Mundo.
«Ahí es cuando ella me dice que está preocupada porque no soy la primera mujer que le llega a decir eso, que son muchas las mujeres que están embarazadas», contó.
Eventualmente, la insistencia de Cubillos llevaría a las autoridades a descubrir que en el departamento de Arauca se estaban comercializando versiones falsas de Nofertyl, un anticonceptivo inyectable.
«Se pide una reparación integral a las personas afectadas: que el Estado sea solidario en el aspecto material con lo que implica la manutención, el desarrollo, la recreación, la salud y la alimentación de un menor«
Hugo Quinteros, abogado
Y aunque uno de sus distribuidores actualmente paga una condena de 39 meses de prisión por el caso y a otro la fiscalía colombiana le acaba de imputar cargos, cinco años más tarde las mujeres que resultaron embarazadas por causa de los anticonceptivos falsificados aún siguen esperando ser resarcidas por el estado colombiano.
«Se está demandando a la entidad de salud que se llama Empresa Social del Estado (ESE) Jaime Alvarado y Castilla, porque esa fue la empresa que contrató y compró los biológicos y era la encargada de todo el plan de planificación (familiar)», indicó a BBC Mundo Hugo Quinteros, quien representa legalmente a las mujeres en su demanda contra el Estado.
«Se pide una reparación integral a las personas afectadas: que el Estado sea solidario en el aspecto material con lo que implica la manutención, el desarrollo, la recreación, la salud, la alimentación de un menor, con los gastos que implica sacar adelante la vida y el desarrollo de un menor», explicó el abogado.
